El estado de Oaxaca, en el ámbito agrario, es de los estados a nivel nacional en donde la propiedad social es superior a la privada, ya que de 9,536,4001 ha, los ejidos, comunidades y colonias son titulares de 75.73%, que representan 7,174,154 ha de la superficie total del estado.
De la superficie social, destaca la comunal que representa 76.2% y aunque las 711 comunidades son numéricamente inferior a los 777 ejidos, en superficie son inmensamente superiores, esto se debe a que Oaxaca es un estado eminentemente rural e indígena desde el punto de vista de la distribución de la tierra.
El Estado mexicano, a lo largo de su actuación después del triunfo de la revolución, reconoció las propiedades que desde tiempo inmemorial poseen las comunidades indígenas a través de la restitución de tierras y posteriormente del reconocimiento y titulación de bienes comunales, es decir, reconoció un derecho que ya tenían y en el caso de los ejidos creó un derecho al dotar o ampliar un ejido.
Esta precisión es importante para conocer que el conflicto agrario se concentra por razones obvias en la propiedad comunal.
La problemática agraria del estado se refleja en el lento avance de un programa federal denominado Procede, cuyo objetivo principal es dar certeza y seguridad jurídica a la tenencia de la tierra, ya que, en siete años de trabajo, 11 estados de la República concluirán dicho programa certificando a todos sus núcleos agrarios y en consecuencia a toda su superficie social.
En Oaxaca se estima llegar tan sólo a 40% a fin de 1999, esto es, 608 núcleos certificados de los 1,488 que actualmente tiene el estado. Esta situación refleja la conflictividad que se tiene en la propiedad social, pues son requisitos para este programa tener toda su documentación jurídica sin problemas y además en la realidad tener claramente definidas sus colindancias con sus vecinos.
Esta realidad obligó a que a principios de 1998 las instituciones del Sector Agrario realizaran un esfuerzo serio por tratar de dimensionar los conflictos por límites existentes entre los núcleos, llegándose a determinar un total de 439 conflictos, concentrándose 48% de éstos en las regiones del Papaloapan (88), Valles Centrales (72) y Costa (51); en 160 conflictos se desconoce la superficie en conflicto, situación importante y fundamental para poder establecer las alternativas de solución al conflicto.
Este ejercicio se repitió en 1999, reduciéndose el número a 350 conflictos,
por la solución que se le dio a 89 de éstos en 1998.
El conflicto agrario tiene su mayor dramatismo cuando es entre núcleos agrarios, pero el conflicto también existe al interior de los núcleos, al tratar de definir los derechos parcelarios. En este sentido, la Procuraduría Agraria realizó 13,752 conciliaciones individuales y 2,817 conciliaciones de tipo colectivo en el periodo 1993-1998, las cuales tuvieron un impacto directo en el Procede, de esta manera los 508 núcleos certificados a diciembre de 1998 tienen una claridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra
que les permite ser sujetos de apoyos oficiales o privados para poder realizar actividades productivas, ya que no existe el supuesto de “meter recursos a zonas de conflicto, es igual a tirar el recurso, puesto que el conflicto impide la realización del proyecto”.
Las situaciones de conflicto al interior tienen un impacto a veces directo en la solución del conflicto por la tierra con sus colindantes, sobre todo cuando está por definirse el Comisariado Ejidal o Comunal, o bien el representante de bienes comunales, y en otras ocasiones los sujetos de derecho que integran el núcleo agrario, sobre todo en la comunidad.
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El conflicto agrario en Oaxaca, por Óscar Fernández Osorio
